Las empresas del rubro de la salud privada se ven afectadas por un fallo que congela las cuotas y ordena devolver montos cobrados de más, generando preocupación por su viabilidad económica.
Las empresas de medicina prepagada en Argentina se encuentran en alerta luego de un fallo judicial que las obliga a detener los aumentos en las cuotas y a devolver el dinero cobrado de más a los usuarios. Este fallo, que responde a una demanda por aumentos desmedidos, ha generado una gran preocupación en el sector.
Desde el inicio de la gestión gubernamental actual, las empresas de medicina prepagada han venido incrementando regularmente el costo de sus servicios. Sin embargo, la situación se complicó aún más con la desregulación económica impulsada por el gobierno, lo que permitió que los aumentos fueran más pronunciados.
El ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió sobre estos aumentos excesivos y expresó su intención de negociar con las empresas para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, la Justicia tomó cartas en el asunto y ordenó detener los aumentos, así como devolver el dinero cobrado de más, ajustando las cuotas según la inflación.
Ante esta situación, las prepagas evalúan apelar el fallo. Desde una de las principales empresas del sector se asegura que se apelará la medida, como se ha hecho en otras ocasiones. Desde Swiss Medical, se asegura que se cumplirá con lo que indica la Justicia, aunque se aclara que se presentará un plan y que la apelación podría seguir su curso.
Los directivos del sector expresan su preocupación por el impacto financiero que tendrá esta medida. Se estima que, con las cuotas congeladas y la obligación de devolver dinero a los usuarios, muchas empresas podrían estar al borde de la quiebra. La situación se torna crítica considerando que alrededor del 15% de la población tiene acceso a la medicina prepagada, y un colapso en este sector significaría un aumento considerable de la demanda en el sistema público de salud.
Desde las empresas de medicina prepagada se defiende el funcionamiento del sistema, aunque se reconoce que existen falencias. Se argumenta que la atención en el sistema público está desbordada y que es necesario poner atención en mejorar este sector, así como en las obras sociales del Estado.
El fallo judicial deja sin efecto los aumentos realizados desde el 1 de diciembre de 2023, retrotrayendo las cuotas a esa fecha y estableciendo que deben actualizarse según el Índice de Precios al Consumidor. Además, se otorga un plazo de cinco días para que las empresas presenten un plan de devolución del dinero cobrado de más.
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