Cinco personas reciben penas de prisión por estafar a la reconocida firma de electrodomésticos
La Cámara del Crimen de los Tribunales locales dictaminó sentencia contra una banda conformada por cinco individuos de Río Tercero, incluyendo dos mujeres, residentes en el barrio Monte Grande, por una serie de estafas económicas perpetradas contra la reconocida cadena de tiendas de electrodomésticos, Musimundo.
Las investigaciones judiciales revelaron que la defraudación, que abarcó un total de siete hechos, alcanzó la cifra de más de medio millón de pesos durante el año 2022. Entre los involucrados, Nelson Ezequiel Tello, de 32 años, fue sentenciado a 11 años de prisión efectiva por liderar la asociación ilícita y cometer defraudación mediante el uso de tarjetas de crédito falsificadas.
De manera sorprendente, Tello ejecutaba estas estafas desde su reclusión en el Servicio Penitenciario de Villa María, donde cumplía una condena previa por delitos relacionados con drogas. Junto a él, Silvia Elizabeth Vega, de 54 años, también recibió una condena de nueve años por su participación en la asociación ilícita y el uso reiterado de tarjetas de crédito falsificadas.
Además, tres miembros más de la banda fueron condenados a penas de prisión en ejecución condicional. Zoé Aixa Tello, hermana de Nelson Ezequiel, recibió una sentencia de tres años como partícipe necesaria de la asociación ilícita y el uso de tarjetas de crédito falsificadas. Mientras tanto, Martín Damián Agüero y Luis Antonio Maldonado Vázquez fueron condenados a dos años y un año y cinco meses, respectivamente, por el delito de encubrimiento por recepción.
Según la fiscal de Instrucción Paula Bruera, Nelson Tello, desde su confinamiento, realizaba compras fraudulentas que luego eran entregadas en domicilios de Río Tercero. El modus operandi de la banda se centraba en operaciones fraudulentas realizadas mediante compras telefónicas utilizando tarjetas de crédito robadas.
La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la empresa afectada, Musimundo. Los allanamientos posteriores permitieron el secuestro de evidencia crucial, incluyendo documentación perteneciente a la firma, 16 teléfonos celulares, tarjetas de crédito y débito, así como más de 80 mil pesos en efectivo.
El veredicto final, que incluyó penas de prisión efectiva y condicional, representa un paso importante en la lucha contra la delincuencia económica en la región, y destaca la eficacia del sistema judicial en la resolución de casos complejos de fraude.
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