El juez Juan Carlos Peinado le atribuye a la mujer del presidente presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y la supuesta apropiación indebida de un software utilizado en la cátedra que co-dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
Pidió que sea juzgada por un jurado popular, es decir, integrado por ciudadanos elegidos por sorteo. La decisión final, sin embargo, la tiene la Audiencia Provincial de Madrid.
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