Cambios en los registros vehiculares: eliminación de la cédula azul y nuevas medidas

El Gobierno anuncia modificaciones en los trámites automotores para reducir costos y simplificar procesos.

El Gobierno argentino ha decidido llevar a cabo una serie de cambios significativos en los trámites vehiculares, con el objetivo principal de reducir costos y simplificar los procedimientos burocráticos. Esta medida fue anunciada a través de un comunicado del Ministerio de Justicia, luego de concluir una primera etapa de auditoría en la Dirección Nacional de los Registros de Propiedad del Automotor (DNRPA).

Una de las modificaciones más destacadas es la eliminación de la cédula azul, documento hasta ahora obligatorio para permitir que una persona conduzca un vehículo que no es de su propiedad. Esta medida busca simplificar el proceso de circulación al volante, eliminando la necesidad de este documento adicional. A su vez, se ha decidido eliminar el vencimiento de la cédula verde, convirtiéndola en el único documento indispensable para circular legalmente con un vehículo.

Estos cambios entrarán en vigencia una vez que se dicten las normativas necesarias para su aplicación, según indicó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Mientras tanto, se podrá continuar utilizando la cédula azul como parte de la documentación requerida para circular, junto con el DNI, la licencia de conducir, la cédula verde, el comprobante de seguro vigente y la constancia de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV).

La cédula azul, instaurada desde 2006, permitía a un tercero conducir un vehículo sin ser su titular. Esta autorización estaba vinculada a la responsabilidad civil del conductor, sin otorgar derechos sobre el vehículo. Aunque no tenía fecha de vencimiento, perdía su validez en caso de transferencia de titularidad o baja de la misma.

Además de la eliminación de la cédula azul, el Gobierno ha propuesto una serie de medidas adicionales destinadas a mejorar la eficiencia en los registros automotores. Entre ellas, se contempla la reducción del 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor mediante un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. También se establece que los titulares de los registros seccionales asuman el 100% de sus costos operativos, permitiendo al Ministerio de Justicia controlar en todo momento la estructura de costos.

Otra propuesta relevante es la digitalización completa de los legajos de los vehículos, lo que permitirá contar con un registro digital único y completo, eliminando así los legajos físicos. Además, se invita a las provincias a adherirse a un convenio para reducir impuestos de sellos y patentes provinciales hasta en un 70% en operaciones registrales.

Con estos cambios, el Gobierno inicia una segunda etapa de auditoría para revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, con el fin de acelerar su digitalización y reducir significativamente los costos de transferencias y patentamientos.